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Convento Franciscano de Tarija
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Proseguimos retranscribiendo la “Introducción” que desde estas páginas se refiere a los tomos IV-VII (momento republicano) de los siete tomos de la obra: Presencia franciscana y formación intercultural en el sudeste de Bolivia según documentos del Archivo Franciscano de Tarija 1606-1936, editada por el P. Lorenzo Calzavarini.

Tormenta también en Tarija

Vista de la torre de la Basílica Menor de San Francisco desde el claustro, antes espacio abierto hacia la huerta.Insistimos en que las leyes del Presidente Sucre generaron un gran daño a la Iglesia y al país. En la medida que el silencio le quitó relevancia social, se devaluó, al mismo tiempo, su entorno social. Nos referimos, sobre todo, al universo rural. La supresión de Conventos, además, quitó lazos de comunión entre universos diferentes, sacrificando una dinámica de educación, de agrupaciones intelectuales, artísticas, y de la renovación de tradiciones religiosas. Con sustento económico (menos que pobre) y condicionado al poder de los caudillos locales, el clero perdió participación en los quehaceres humanísticos y liderazgo en el pueblo.

La literatura relató sin generosidad el malestar social popular, transfigurándolo en la figura del sacerdote sin analizar su tragedia. El abandono y el vivir en los subterráneos de la historia le construyeron una opinión muy negativa y generalizadora, sobre la cual se volcó el pensamiento laicista, que había asumido la reacción señorial en contra de la Iglesia. Asimismo, la expresión artística, científica e intelectual, vivió en los reductos de las personas cultas. Quedaba muy visible la dicotomía entre ciudad y campo. Los vacíos encerraron al Estado en un fuerte centralismo, que atrincherándose en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, formulaba una “ideología de patria” sin incluir a la nación, que resultaba restringida y sin capacidad de desenvolvimiento. En lo referente a la Iglesia, en la Asamblea Constituyente de 1871, se propuso también: “Declarar si las bulas, breves y rescriptos pontificios están o no en oposición a las leyes de la República”. Era la consecuencia del querer apoderarse de la Iglesia, ampliando los poderes del Patronato Nacional. Ésta era la actitud congresal que hasta aquella fecha sintetizaba, luego, el actuar de los Presidentes que tuvieron que contemporizar apoyándose en el ejército, siempre árbitro de las contiendas del poder. La consolidación de la clase burguesa en La Paz, Oruro y Potosí, donde se concentraba el mercado de extracción de minerales, terminó con la creación del partido liberal en 1880.

Ante tales acontecimientos, hay que hacer memoria de eventos que hirieron al universo simbólico de la sociedad boliviana. Después de haber sido victoriosa con los ejércitos de Andrés Santa Cruz y José Ballivián, el desgaste sociopolítico la llevó a tener que soportar la pérdida de zonas extensas de su territorio. Más que en quebranto de asuntos económicos, se debe pensar en la herida. La pérdida del Litoral dejaba enclaustrada a la nación (1879): a esto siguió después el abandono del Acre, que pasó a manos brasileñas en 1903.

El escenario mundial no estuvo por mucho tiempo favorable a Bolivia a pesar de las conexiones masónicas “partidarias” con Chile, que tenía su punto central en la metrópoli de Inglaterra, y fomentó una línea de intelectualidad adversa al Catolicismo, empujando a la laicización completa de la vida social y política.

El partido liberal reasumía todas estas posturas, y en su gestión gubernamental desde 1889, les dio valor de ley. Reportamos sus decisiones (Valda R., Historia de la Iglesia de Bolivia en la República, op. cit., pág. 182):

24.8.1901: Libertad de culto
23.8.1902: Secularización de los cementerios
16.11.1903: Supresión de las procesiones religiosas
20.8.1904: Laicización de la enseñanza
29.8.1904: Expropiación de los conventos
6.9.1904: Secularización de archivos y bibliotecas de los conventos
25.10.1904: Administración secular de los conventos
23.11.1904: Supresión del presupuesto del culto
20.12.1904: Retiro del sueldo al arzobispado de Sucre
31. 5.1904: Supresión de la enseñanza religiosa
23.12.1905: Secularización de las reducciones entre los pueblos originarios
20.10.1906: Matrimonio civil
26.11.1906: Ley de abolición de fuero clerical
16.9.1907: Decreto sobre el nombramiento de administradores de monasterios
30.9.1911: Ley de matrimonio civil

Vista panorámica de la Misión de Boicobo: escuela para las niñas, escuela para los niños, templo y residencia de los padres franciscanos.Podemos identificar los estamentos sociales e intelectuales, que integran tal política en quienes estaban en la línea del poder gubernamental; es decir los que tenían derecho de participación a las elecciones políticas. “Para votar y ser elegibles se requería ser hombres, alfabetizados, tener una propiedad de por lo menos 12.000 pesos (la propiedad era la carta de ciudadanía por excelencia del régimen liberal) y tener una renta mínima de 1.000 pesos” (Mesa J.de, Gisbert T. y C. Mesa Gisbert, Historia de Bolivia, La Paz, 1997, pág. 456). La secuencia de tal ejercicio ciudadano privilegiaba gravemente a la población urbana respecto a la rural y a la dimensión popular en general.

Además, sea el partido conservador, sea el partido liberal, compartían tal margen de ciudadanía formal, por lo que una minoría, muy reducida, decidía por la población total: un máximo de 34.418 habría votado por unos dos millones de personas (Ibidem, pág. 456). Así es que tan sólo la resonancia gubernamental dio fuerza al movimiento anticlerical.

En tal contexto, el Colegio de Propaganda Fide de Tarija, desde 1896, publicó El Boletín Antoniano y organizó la librería (1903), justificados en términos de defensa de las tradiciones católicas y de los valores socioculturales del pueblo; igualmente, se iniciaron obras de caridad ligadas al Hospital San
Juan de Dios y al Convento.

El libro de Tomás O’ Connor d’Arlach, Catolicismo y radicalismo: Anales de la prensa boliviana, (Tarija, 1898) ofrece una panorámica de las impiedades panfletarias de la época, lo que justificó la reacción de parte de la Iglesia Católica, que tuvo sus máximos representantes apologéticos en los obispos Miguel de los Santos Taborga, Jacinto Anaya y Sebastián Pífferi.

Otra línea de pensamiento furioso llegaba desde la postura marxista, que abolía todas las instituciones que no fueran del Estado. La vigencia de las decisiones liberales en Tarija está documentada, en lo que refiere al radicalismo [II.10], a la celebración del matrimonio civil [II.17], a los acontecimientos por la sepultura y sucesiva exhumación del Padre José María Chiocchetti [II.20]: lo que concluye con la reacción contra la construcción del Colegio Santa Ana [II.12-13] y la apertura de las Calles Grau (Ingavi) y Colón con daño del Convento de San Francisco. La Honorable Alcaldía justificó su decisión de la siguiente forma [II.15]: “Las calles fueron obstruidas por el Convento de San Francisco para su beneficio, atropellándose por los Ministros de Dios los derechos del pueblo, abusando de su estado de fanatismo en que vivían los pobladores y gobernantes del siglo XVIII, a consecuencia de la turbación mental producida por la sugestión”. Los Padres resistieron a lo que en realidad habría podido corresponder a una planificación urbana; pero que no era tal, y la medida aparecía como reacción directa en contra del convento. La justificación misma era ilegítima, por lo cual una respuesta silenciosa la habría justificado también en sus términos de autoritarismo y de irreligiosidad.

La lógica de los hechos era más profunda y estaba más interconectada con acciones anteriores. Eran posturas, todavía muy cercanas a los atropellos cometidos por el señor don Leocadio Trigo Achá, en razón de la secularización de la Reducción de San Francisco Solano (hoy Villamontes), que negó las tierras, establecidas por ley, a los neófitos y a los Padres franciscanos hasta la casa parroquial, dejando los almacenes y escuela de la Misión vacíos, a la espera de los colonos que seguirán. Así también la apertura de las calles conducía a graves problemas de reajuste de la arquitectura conventual: se dividían dos cuadras contiguas, la del lado norte y este; dejaba además al descubierto la huerta y el claustro no cerrado al lado de la calle Grau (Ingavi) con biblioteca, comedor y con el patio de otros servicios comunes, y rompía la construcción del seminario. La vía de la ilegitimidad de la propiedad obligaba a los padres a las refacciones correspondientes sin nada a cambio de parte de la Honorable Alcaldía Municipal. Después de veinte años de trámites jurídicos, la expropiación fue firmada por el Alcalde don Carlos Blacud [II.26], la que se realizó en 1936 por el Alcalde don Isaac Attié cuando el gobierno dio 40.000 pesos para la compra de la huerta, en la que se construyó el Palacio de Justicia. Para evitar otras usurpaciones, los frailes fueron vendiendo las partes que quedaban separadas de la cuadra conventual. El dinero recibido fue invertido en la construcción de la fachada que da a la calle Ingavi y en la refacción del Colegio Antoniano.

 

P. Lorenzo Calzavarini
Director del CED

 

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