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Proseguimos retranscribiendo la “Introducción” que desde estas páginas se refiere a los tomos IV-VII (momento republicano) de los siete tomos de la obra: Presencia franciscana y formación intercultural en el sudeste de Bolivia según documentos del Archivo Franciscano de Tarija 1606-1936, editada por el P. Lorenzo Calzavarini.

PARTE III: Nueva presencia eclesial y franciscana en el Chaco: reducciones y parroquias a cargo de los Colegios de Tarija y Potosí

Corrado A., El Colegio franciscano de Tarija y sus misiones -1884-, Ed. P. Gerardo Maldini, Tarija, 1990.Los nuevos rumbos para Tarija empezaron con el reconocimiento de ser tierra boliviana, el 3 de octubre de 1826, y parte del arzobispado de Sucre, el 22 de noviembre de 1826. En 3 de enero de 1827, de “Villa” pasó a jerarquía de “Ciudad”, asumiendo el rol de capital del departamento, con el mismo nombre, Tarija, el 24 de septiembre de 1831. En esa forma, ella recuperaba el entorno geográfico del cual la había alejado la reforma borbónica. Sus límites departamentales en las zonas centrales de su territorio eran el río Bermejo, con Argentina; los ríos San Juan y Pilcomayo, con el departamento de Chuquisaca.

El “pacto urbano”

Los departamentos repetían a las “intendencias coloniales” (excepción de Tarija) y eran circunscripciones inmensas, de difícil comunicación entre sí y con su interior. Las ciudades capitales, antes centros de administración colonial, eran el único referente territorial estable. Por la persistencia de la ideología altoperuana, la concentración del Altiplano y Valles andinos extendía la presencia gubernamental en el círculo de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí. La misma capital de la República, Sucre, sufría la oposición de La Paz, favorecida por ser parte del corredor de los minerales y por su condición de enlace con el Perú.

Las zonas del sudeste fueron percibidas como tierras del Oriente boliviano por ser lejanas y por completar la faja extrema desde Pando actual hasta el Chaco. El imaginario social las interpretaba como un “más allá”, con centro en la ciudad de Santa Cruz. Lo subrayamos para indicar límites socioculturales entre departamentos y en su situación interna.

La estructura urbana de cada ciudad terminaba allá donde se cerraban los intereses de la comercialización de los productos agrícolas y de los minerales; el resto quedaba sin dinámicas de solidaridad de grupo o región, por lo cual, si bien cercano, resultaba lejano. La identidad de éstos era lo contrario del interlocutor de la ciudad. La palabra “indio”, denominación de pueblo originario, se hizo contraposición a la de mestizo y criollo. El universo oriental, tratándose de civilizaciones de espacios abiertos (por tal razón, interpretados como “sociedades nómadas”), pasó a la contraposición entre “civilizados” y “salvajes”. Era una escueta aplicación del lenguaje del evolucionismo, que marcaba para los segundos un estadio de inferioridad, mientras que los “civilizados” cubrían las convivencias con el Estado. La consecuencia era que fuera del Estado no existía dimensión de persona, de sociedad y de ciudadanía. El título de Colegio de Propaganda Fide otorgado por el Presidente Andrés Santa Cruz al convento de San Francisco, el 27 de septiembre de 1831, aceptaba tal mentalidad, que imponía al “régimen indirecto de las reducciones”, justificándolo en sus aspectos religiosos. En esto, se implantaba la ambigüedad de perspectiva de no prever, “en largos tiempos”, resultados de entidades autónomas.

Interior de la Basílica Menor de San Francisco, Tarija.Los propósitos del “régimen indirecto” habrían podido ser no de asimilación hacia el contexto urbano, sino un proceso de identidad de “nación” entre las tantas “naciones” del país. Las definiciones de “conversor” y de “protector” no eran definiciones desde el universo de los pueblos originarios, por el hecho mismo que la reducción no implicaba conversión al cristianismo, porque fieles e infieles convivían en su misma organización.
La unidad entre las reducciones se centraba en la figura del Prefecto de Misiones; a él se reconocía la capacidad de dialogar con las autoridades civiles y eclesiásticas, como en la Colonia. La reducción misma, en su interior, funcionaba según la normativa tradicional. En ella era implícito el derecho a la tierra de los pueblos originarios, desde el momento que sus tierras eran consideradas baldías o del Estado. Tal derecho era tan anexado a la reducción, que en Aguairenda los franciscanos compraron los terrenos que habían sido ocupados por los criollos. Algo nuevo, respecto a la situación hispana, fue la coordinación de los varios Colegios de Propaganda Fide (San José de La Paz, San José de Tarata, Santa Ana de la Recoleta, San Antonio de Potosí), si bien autónomos entre sí. Los documentos (A.F.T. M-92 y DP-29.b) muestran la acción decidida de los misioneros franciscanos, que asumían la obligación de residencia fija en su puesto de trabajo y la conexión, que el Padre Giannelli quería establecer con los Pueblos Guarayos, seguramente para salvaguardar una estrategia y política comunes.

Por lo que nos refería la Parte I, en el subtítulo: “Recomposición del Colegio de Propaganda Fide”, hemos visto el inicio y avance del régimen reduccional, implantado por los franciscanos. Hemos observado en él un doble campo de acción: el primero, asentado en territorio de consolidación de colonización “blanca” y el otro, abierto a un destino diferente y confiado al Colegio de Propaganda Fide de Tarija. Por la convivencia entre las dos entidades “civilizada” y “salvaje” (ésta, también, sometida directamente al Estado), la subprefectura de Tarija estableció para la última un “Gobernador de Chiriguanos” (A.F.T. M-104), el 29 de mayo de 1867. Pensamos que la parte que se encontraba bajo gobierno indirecto reduccional, estaba reglamentada por las normas tradicionales que se formalizaron en el año de 1871 con el Reglamento de Misiones.

Los Estatutos que perfilaban a la tal figura de “gobernador”, correspondían a la persona del “defensor de indios” de la legislación colonial. Se le obligaba al control del grupo, definido en términos de pertenencia a un cacique, y a ejercer un control de equilibrio entre criollos y guaraníes. Se reconocía a los segundos una instancia jurídica de “quejas” cuando los “cristianos” “...hicieren daños a sus chacras”, a condición que estuvieran cercadas. Tenían, asimismo, la obligación de obedecer los mandatos de los “Corregidores, Alcaldes Parroquiales, Jefes políticos de Campaña, al Comandante y demás Jefes de la Guardia nacional cuando los convoquen a un acto de guerra por su conducto”. El artículo 9 contempla, que en el caso de vivir en propiedad privada, tenían gravamen de obediencia al respectivo dueño.

Expedición de franciscanos italianos para el Colegio de Tarija, 1872. A. F. T.Las indicaciones de “Alcaldes Parroquiales” y de “terrenos de propiedad privada” presuponían un estadio de colonización avanzada en contra de los pueblos originarios, donde el grupo guaraní vivía dentro de un espacio más amplio, ocupado por los criollos, y lo suyo sin denominaciones específicas. La referencia “parroquial” mostraba la conformación de una entidad zonal, incoherentemente definida en términos religiosos, lo que llevará a equiparar “cristianos” con “blancos” y también con los que no lo eran. Además, por el documento A.F.T.M-103, en el cual Chimeo pedía “auxilios, que necesitare para el sostén y seguridad de esta provincia”, parece que a los guaraníes (chiriguanos) incluidos en la “Gobernación” no habría que considerarlos según la categoría de “indios amigos”.

El espacio de atenciones, destinado al “Gobernador de Chiriguanos”, llegaba de Entre Ríos (San Luis) hasta el actual Palos Blancos y seguía por la izquierda hasta el Pilcomayo. De hecho, este lugar es un cruce de caminos, el más extremo hacia Yacuiba, el del medio hacia Villamontes y el otro hacia Bella Esperanza (sobre el Pilcomayo). Como dijimos, en 1871 (A.F.T. M-107), la Asamblea Constituyente aprobó el Reglamento de Misiones. En él, no se usó el término de “reducción”, sino se empleó siempre el de “Misión”. En realidad, por las características que se le atribuía, el todo correspondía a la primera denominación, históricamente dada. El uso impropio de “Misión” posiblemente correspondió a no querer oficializar una entidad del Estado cuando ésta estaba sometida a actores religiosos. Se reconocía autoridad de gobierno al Prefecto de Misiones. Las tierras de la Misión, al pasar a situación de “Parroquia”, eran destinadas a los “indígenas naturales que hubieren solicitado o pedido Misión”. Los servicios fuera de la Misión debían ser pagados y para salir de ella era necesario el “pasaporte” del Conversor. A sus componentes se les confiaba también el derecho de guerra como “defensa”. Se reconocía la exención de impuestos y se prohibía el comercio de afuera para adentro. Los visitantes quedaban como huéspedes y por tiempo determinado, viviendo en ambientes establecidos.

Los conversores fueron declarados “tutores de los neófitos y ejercerán el gobierno económico y administrativo”; se estableció asimismo un sínodo y la obligación de atender a la escuela de los niños. El Prefecto de Misiones, cada dos años, debía enviar un informe al gobierno; y éste, se reservaba el derecho de nombrar “delegados de inspección” cuando le pareciera.

P. Lorenzo Calzavarini
Director del CED

 

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