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Proseguimos retranscribiendo la “Introducción” que desde estas páginas se refiere a los tomos IV-VII (momento republicano) de los siete tomos de la obra: Presencia franciscana y formación intercultural en el sudeste de Bolivia según documentos del Archivo Franciscano de Tarija 1606-1936, editada por el P. Lorenzo Calzavarini.

PARTE V: Insurrecciones guaraníes y secularización de las misiones (continuación):

Secularización de las Misiones

Mandeponai, gran cacique de Macharetí. Foto: H. Catinari.Por secularización de las Misiones se entiende el paso de éstas del “régimen indirecto”, confiado a los franciscanos, al “régimen directo” de la institucionalidad del Estado; por tanto, la trasformación de la población reduccional en ciudadanos, normados por las autoridades civiles del país. Precisamente, por considerarlo “régimen indirecto”, las relaciones entre Estado y Colegios de Propaganda Fide eran establecidas por el Reglamento de Misiones.

Ya hemos anotado el de 1843, firmado por el Presidente José Ballivián, que quedó sin efecto por encarar realidades todavía inexistentes. Aún estaba presente la “ideología de patria” en el gobierno civil y diocesano; este último, conducido por el Arzobispo Mendizábal. Él conocía muy bien la perspectiva de trabajo de los franciscanos traídos por el Padre Herrero y sucesores, para los cuales el impulso misionero era prioritario y su acción a inventarse, en las nuevas circunstancias postcoloniales del país.

Según los dictámenes del Mariscal Sucre, la vida conventual y su actividad debía remitirse a la autoridad diocesana. Repetimos que, según la “instrucción” dada por el Arzobispo al Padre Herrero A.F.T. RR-78, el espacio misionero era la “extensión” de la estructura eclesial existente y no de “implantación de la Iglesia”, que nacida de otras raíces socioculturales, habría podido organizarse en forma diferente en lo eclesiástico. Y los franciscanos no dieron el brazo a torcer ni con el gobierno ni con el arzobispo de Chuquisaca cuando reclamaron públicamente sus derechos de “exención” [A.F.T. RR-79.e; A.F.T. RR-79.c;A.F.T. RR-84.a.b], autodeterminándose interna y externamente por la normatividad de Orden.

Evidentemente, con el apoyo popular, el contraste se resolvió a favor de los franciscanos. Esto acontecía en la Recoleta de Sucre, en 1846. El Padre Priewaser relataba en 1916, como comentario a la solución positiva del conflicto, el siguiente hecho: “Cuéntase que el Señor Arzobispo, junto con el Padre Guardián del Colegio [La Recoleta], y ambos a caballo recorrían por aquellos días las calles principales de Sucre, para persuadir así a la población de la composición amigable del ruidoso conflicto”. (Priewaser W., “Una cuestión célebre, sostenida por el Colegio Apostólico de Sucre contra las pretensiones del Iltmo. Arzobispo Mendizábal”, en Archivo de la Comisaría franciscana de Bolivia, Tarata, n. 97, pág.104).

Valle de Boicobo.Las sucesivas relaciones de las autoridades diocesanas con los Colegios fueron siempre de compenetración de espíritu apostólico, sobre todo en Tarija. Las polémicas vinieron desde el contexto del Gobierno Central. Después que el régimen reduccional se había conformado como región del Chaco, se formalizó el Reglamento de Misiones del año de 1871, firmado por el Presidente Agustín Morales y el Padre Alejandro Ercole, entonces Prefecto de las Misiones de Tarija. El documento tocaba los siguientes temas: el régimen reduccional respecto a la autoridad del Estado; el régimen interno del mismo y derechos de sus pobladores (siempre se confirmaba que los propietarios de los terrenos de la Reducción, en caso de pasar ésta a configuración parroquial, habrían sido los jefes de familia); las atribuciones del Conversor; las modalidades del comercio con agentes externos; las atribuciones del Padre Prefecto; y el derecho del Gobierno de nombrar Delegados de supervisión. Se dictaminaba que el espacio de la Misión era el de las “tribus salvajes, que pueblan los bosques orientales de la República”. Después del Reglamento de Misiones de 1871, el gobierno dictaba unilateralmente los términos de la conducción misional. Espejo de tal actitud fueron los de 1901, firmado por el Presidente José Manuel Pando, y de 1905, impuesto por Ismael Montes. Para entender los contenidos de los dos últimos, respecto al de 1871, necesitamos ampliarlos a los horizontes de la política nacional del Estado boliviano y de la regional de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.

Ante todo, las Misiones chaqueñas del Colegio de Potosí, fundadas a partir de los años de 1870 tenían una doble nomenclatura, distinguiendo entre las Misiones y Doctrinas. Estas últimas eran concebidas, según la tradición colonial, como parroquias de indios. La Reducción, siempre por el derecho colonial, era una población de indios, dotada de tierras y, por tales características, sometidas a la institucionalidad del Estado y de la Iglesia. El Padre Prefecto encarnaba las dos instancias.

Templo de Cuevo.Según los documentos del archivo franciscano, para el Departamento de Tarija y zonas chaqueñas se habían dado acontecimientos determinantes que involucraban una nueva voluntad nacional y departamental. Las expediciones alrededor del Pilcomayo, la relación de Daniel Campos (tan negativa hacia el régimen reduccional y autor con conexiones masónicas y del partido liberal), la derrota guaraní en Kuruyuky y el informe del Doctor Manuel Jofré, hijo, (tan positivo hacia las Misiones), hicieron que más allá de la contraposición de las opiniones, ganara el deseo de aprovechar la bonanza económica y estabilidad institucional de las Reducciones de parte del Estado.

Los cambios de denominaciones, en los Reglamentos de Misiones, de Misión, Reducción, Doctrina y Parroquia, así como de Neófito, Fieles e Infieles o Salvaje, y más de Conversor, Delegados, Prefecto y Subprefectos, manifestaban nuevos términos políticos respecto a las entidades ya constituidas en el Chaco. Los autores, sobre todo historiadores, definen a tal periodo y acción del Estado bajo un concepto de “nacionalización” o “bolivianización” del territorio (García Jordán P., Cruz y arados, fusiles y discursos: la construcción de los Orientes en el Perú y Bolivia 1840-1940, Lima, 2001). Lo que es verdad tan sólo por lo que cabe de incertidumbre entre las definiciones de “régimen indirecto”, mediado por los religiosos franciscanos, y de “régimen directo”, bajo las autoridades gubernamentales. Siempre el régimen reduccional se concibió a sí mismo como parte de la nación, conducida por el Estado. Lo que retornaba, en forma dramática, era una ulterior aplicación de la “ideología de patria”, que excluía, ante todo, la dimensión de “naciones”, aglomerándolas en una iletrada noción de “ciudadanía”.

En el Reglamento de 1901, firmado por José Manuel Pando, por primera vez se hablaba de “Doctrina” y para ella no se hacía referencia a las tierras, si bien se incluían a las poblaciones de lo más profundo del Chaco-guaraní. El Estado asumía los gastos de la escuela, dejando las otras obligaciones para el Conversor, imaginado según la tradición reduccional y no según el nuevo contexto. Kuruyuki sobrevino por la agresividad de los estancieros, por la parcialidad de las decisiones gubernamentales, siempre a disfavor de los guaraníes, y por la ocupación de los territorios de la Cordillera, Azero y, últimamente, de Guacaya y Cuevo. El único tránsito libre para los guaraníes era la regionalización alrededor de las Reducciones. Para reducirlas a la insignificancia política, las martirizaban quitándoles elementos de su organización y, sobre todo, rompiendo la coordinación territorial, cultural y económica. El Reglamento de misiones, de Pando, reducía además el espacio reduccional, destinándolo tan sólo a los “neófitos” y, por tanto, disgregando a la nación guaraní. Así fue que los “infieles” eran excluidos de los derechos de ciudadanía, de los derechos a la tierra, y concebidos como seres sin patria.

Escuela de Cuevo.La vergüenza política del Reglamento del Presidente Pando, era que aplicaba a los guaraníes la misma voluntad de traición, con la cual trató al jefe aymara, el “Temible” Wilka, que había luchado con él en la guerra federal (Condarco Morales R., Zárate: El “Temible” Wilka, historia de la rebelión indígena de 1899, La Paz, 1982). Será difícil reconocer allí aspectos de “nacionalización” o “bolivianización”; se trataba, al contrario, de mantener a toda costa una actitud agresiva contra las posibles insurgencias de los pueblos originarios que reclamaban salir de su condición de despojo y de servidumbre.

El Reglamento de Misiones de 1905 significó la anulación del contexto reduccional. Se nombraba todavía el término de Misión, y se le otorgaba los objetivos de “preparación para la vida civilizada de los elementos nómadas del país [antes era de “tribus salvajes”, por sus connotaciones socioculturales, después se pasaba a la definición religiosa de “neófitos” y finalmente a lo indefinido de “nómadas”], así como la colonización del territorio”. Por el artículo II, las Misiones dependían del Ministerio de Colonización, el cual nombraba Delegados, Prefectos y Subprefectos para que “vigilen”. Los neófitos recibían los derechos otorgados por la Constitución del Estado, pero, en su ejercicio, sometidos al Conversor, el cual era también su representante legal. El gobierno se daba el derecho de declarar el pase de Misión a Parroquia tan sólo con aviso a la autoridad diocesana.

Para tal momento, mientras establecía que las tierras pasarían a propiedad de los jefes de familia residentes, el Estado se confería el derecho de reservarse terrenos para la fundación de nuevos pueblos. El mismo Reglamento creaba una nueva institución, que denominó “Intendencias coloniales”. Se repuso aquí el antiguo término de “Reducción” para unir dos objetivos: sólo la dimensión religiosa pasaba a ser “Parroquia”, lo que habría podido esfumar los derechos a la tierra de los jefes de familia. El requisito para la denominación de Parroquia se basaba en que la Misión había logrado “la organización política de los demás pueblos”. La totalidad del ex territorio de las Reducciones pasaba, por tanto, bajo la autoridad de las “Intendencias”, con escuelas, régimen institucional y penal.

 

 

P. Lorenzo Calzavarini
Director del CED

 

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